A nivel jurídico, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, además de imponer condenas especialmente severas —que en conjunto superan los 300 años de prisión—, reconoce que los hechos que conducen al asesinato de Sonia y a la agresión de una compañera están motivados por la hostilidad de los acusados hacia colectivos estigmatizados, en consonancia con su ideología neonazi. Aunque la posterior consolidación de la legislación sobre delitos de odio responde también a dinámicas internacionales y europeas más amplias, el caso constituye un antecedente fundamental en la configuración social y política del paradigma contemporáneo de las violencias discriminatorias.
La brutalidad del caso adquiere rápidamente relevancia mediática, habiéndose producido en una época en la que proliferan las agresiones ultraderechistas motivadas por prejuicios hacia grupos socialmente vulnerabilizados. No obstante, el tratamiento de la víctima por parte de la prensa de la época refleja la invisibilidad y el no reconocimiento de las identidades trans, puesto que Sonia es presentada a menudo como “un homosexual”.
Su asesinato motiva la reacción de repulsa del colectivo LGTBIQ+, muy especialmente del activismo trans, que denuncia la violencia y la discriminación sistemáticas que experimentan a nivel social e institucional. Es una época marcada por la violencia policial y neonazi, el estigma social del sida y la presión administrativa hacia las trabajadoras sexuales debida a la inminente celebración de los Juegos Olímpicos. El proceso de memoria y patrimonialización del asesinato de Sonia se inicia en 1993, cuando la Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español (COFLHEE) coloca una placa conmemorativa en la glorieta en donde ocurren los hechos. Para conmemorar los veinte años del asesinato, se coloca en el lugar un monumento en memoria de las personas LGTIQ+ represaliadas, y en 2013 el lugar es renombrado “Glorieta de la transsexual Sonia”. El proceso de patrimonialización concluye en el año 2021, coincidiendo con los treinta años del asesinato, cuando el Ayuntamiento de Barcelona decide dar el nombre de “Sonia Rescalvo Zafra” a una plaza cercana al lugar de los hechos, entrando a formar parte del nomenclátor de la ciudad.